La American Task Force Argentina (ATFA), agrupación integrada por
acreedores del país que no se acogieron a la reestructuración de la
deuda nacional, felicitó al gobierno de Barack Obama por su decisión de suspender los beneficios arancelarios a la administración de Cristina de Kirchner.
La ATFA envió una carta al representante Comercial de Estados Unidos, Ron Kirk, dándole las "gracias por sus esfuerzos para corregir el curso de la Argentina" y alentar al gobierno kirchnerista "a adoptar políticas para que el país vuelva a la corriente internacional".
También le planteó al funcionario estadounidense la necesidad de "continuar trabajando" juntos en el futuro, en una nota que generó un airado repudio de parte del Gobierno nacional, incluido el embajador argentino en ese país de América del Norte, Jorge Argüello, quien advirtió que son los "fondos buitres" de ATFA los que celebran la decisión de Obama.
"Durante años, la Argentina ha disfrutado de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) estadounidense haciendo caso omiso de sus responsabilidades como beneficiario del mismo", sostuvo la American Task Force.
Para los acreedores, el programa SGP es muy claro y tiene definidas las obligaciones de los beneficiarios, entre las que se destaca "el respeto al imperio de la ley y por mucho tiempo la Argentina se ha negado a cumplir con estos criterios".
Así lo sostuvo el director ejecutivo de ATFA, Robert Raben, quien añadió que "es alentador ver la decisión de dar un paso adelante para mostrar a la Argentina que su comportamiento no es aceptable".
El comunicado difundido por la oficina de Kirk dijo que "el incumplimiento de los criterios legales" establecidos en el SGP por el Congreso estadounidense fue la principal razón para la suspensión del derecho a la Argentina.
"En concreto, la Argentina ha dejado de pagar dos laudos arbitrales de larga data a las empresas estadounidenses", dijo el comunicado, por lo que Kirk instó al Gobierno que lidera Cristina Kirchner a pagar las indemnizaciones.
"La Argentina sigue cerrando sus fronteras a las importaciones mediante la imposición de restricciones que harán más difícil sino imposible para las empresas de Estados Unidos continuar exportando mercancías a ese país", dijo Raben.
"Ahora es el momento perfecto para que el gobierno de los Estados Unidos envíe una señal a la Argentina que debe ser un socio comercial positivo con el fin de recibir beneficios a cambio", sostuvo el directivo.
Para el Gobierno nacional, Obama cedió ante la presión de "fondos buitres" para tomar esta decisión y sancionar al país, como consecuencia de una disputa judicial inconclusa -que data de 2002- entre dos empresas estadounidenses, Azurix y Blue Ridge Investment, y el Estado nacional.
Las firmas presionan para recibir compensaciones económicas por 300 millones de dólares, después de que los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Azurix, y de la Nación, en el de Blue Ridge, les rescindieran contratos hace una década, en medio de la crisis de 2002.
La ATFA envió una carta al representante Comercial de Estados Unidos, Ron Kirk, dándole las "gracias por sus esfuerzos para corregir el curso de la Argentina" y alentar al gobierno kirchnerista "a adoptar políticas para que el país vuelva a la corriente internacional".
También le planteó al funcionario estadounidense la necesidad de "continuar trabajando" juntos en el futuro, en una nota que generó un airado repudio de parte del Gobierno nacional, incluido el embajador argentino en ese país de América del Norte, Jorge Argüello, quien advirtió que son los "fondos buitres" de ATFA los que celebran la decisión de Obama.
"Durante años, la Argentina ha disfrutado de los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) estadounidense haciendo caso omiso de sus responsabilidades como beneficiario del mismo", sostuvo la American Task Force.
Para los acreedores, el programa SGP es muy claro y tiene definidas las obligaciones de los beneficiarios, entre las que se destaca "el respeto al imperio de la ley y por mucho tiempo la Argentina se ha negado a cumplir con estos criterios".
Así lo sostuvo el director ejecutivo de ATFA, Robert Raben, quien añadió que "es alentador ver la decisión de dar un paso adelante para mostrar a la Argentina que su comportamiento no es aceptable".
El comunicado difundido por la oficina de Kirk dijo que "el incumplimiento de los criterios legales" establecidos en el SGP por el Congreso estadounidense fue la principal razón para la suspensión del derecho a la Argentina.
"En concreto, la Argentina ha dejado de pagar dos laudos arbitrales de larga data a las empresas estadounidenses", dijo el comunicado, por lo que Kirk instó al Gobierno que lidera Cristina Kirchner a pagar las indemnizaciones.
"La Argentina sigue cerrando sus fronteras a las importaciones mediante la imposición de restricciones que harán más difícil sino imposible para las empresas de Estados Unidos continuar exportando mercancías a ese país", dijo Raben.
"Ahora es el momento perfecto para que el gobierno de los Estados Unidos envíe una señal a la Argentina que debe ser un socio comercial positivo con el fin de recibir beneficios a cambio", sostuvo el directivo.
Para el Gobierno nacional, Obama cedió ante la presión de "fondos buitres" para tomar esta decisión y sancionar al país, como consecuencia de una disputa judicial inconclusa -que data de 2002- entre dos empresas estadounidenses, Azurix y Blue Ridge Investment, y el Estado nacional.
Las firmas presionan para recibir compensaciones económicas por 300 millones de dólares, después de que los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, en el caso de Azurix, y de la Nación, en el de Blue Ridge, les rescindieran contratos hace una década, en medio de la crisis de 2002.
http://www.ambito.com/noticia.asp?id=630411
