http://www.lasmalaslenguas.es/2010/02/10/justicia-fascista-deja-que-aprueben-...
Un selecto grupo de juristas internacionales, en el que se encuentran la fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte o el juez chileno Juan Guzmán, que abrió varias causas al dictador Augusto Pinochet, han confirmado su disposición a declarar a favor del juez Baltasar Garzón en el proceso que sigue contra él Tribunal Supremo por su investigación del franquismo. El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, presentó ayer un recurso de apelación directo a la Sala Penal contra el auto del instructor Luciano Varela, que considera "insostenible", "infundado" e "incomprensible", además de orientado a "descalificar en todo" la actuación de Garzón.
Martínez-Fresneda insiste en que los crímenes del franquismo no fueron delitos "políticos" amnistiados en 1977, sino "crímenes contra la Humanidad". El abogado se pregunta si un juez debe valorar la "finalidad política" de los delitos si no quiere verse acusado de prevaricador. En ese sentido, recuerda que, en 1995, la Audiencia Provincial de Madrid ya declaró que la Ley de Amnistía no podía evitar el juicio por el asesinato del estudiante Enrique Ruano ocurrido en 1969. Así, los jueces que tramitaron aquel proceso "serían tan prevaricadores como Garzón".
Más de la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo juraron los principios del movimiento y fidelidad al general Franco, aseguran desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica para denunciar la persecución fascista a la que está siendo sometido el juez Baltasar Garzón por intentar abrir el camino de la reparación moral a las víctimas del Golpe de Estado fascista de 1936 y la represión durante la dictadura genocida franquista. Antes de que terminen de afirmarlo, el CGPJ inicia los trámites para suspender al juez Garzón por investigar el franquismo. Los narcotraficantes, terroristas, corruptos, y genocidas encarcelados por Garzón, estarán tan asombrados con la efectividad de la derechona que no podrán ni aplaudir.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), integrada por 59 presidentes y ex presidentesde Cortes Supremas, magistrados y abogados de países representados en Naciones Unidas condena este intento de interferir en el procedimiento judicial y lo considera de particular preocupación puesto que concierne una investigación por crímenes contra la humanidad. También recuerda a colaboradores de la Hermandad del Valle de los Caídos, como Carlos Dívar Blanco, presidente del Consejo General del Poder Judicial, que la Ley de Amnistía para los fascistas de 1977 solo vale que los interesados la sigan usando como excusa para mantenerlo todo oculto, a resguardo, atado, y bien atado.
Amnistía Internacional tilda de "escandaloso" que el Supremo "persiga" a Garzón
Amnistía Internacional ha calificado de "escandaloso" que el Tribunal Supremo "persiga penalmente" al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar las "violaciones de derechos humanos" cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
La organización ha emitido un comunicado días antes de que el magistrado se siente en el banquillo del alto tribunal el próximo 24 de enero acusado de un supuesto delito de prevaricación por abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo careciendo de competencias para ello.
Amnistía Internacional (AI), junto con Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, ha convocado además el próximo lunes una rueda de prensa para expresar su rechazo a este juicio.
La organización en defensa de los derechos humanos ha censurado que Garzón sea juzgado por "buscar la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas y los familiares de una violación masiva de derechos humanos" y ha defendido que la investigación de "abusos contra los derechos humanos" es una obligación de derecho internacional para España.
Amnistía Internacional ha recordado que el juez se encuentra imputado por investigar en la Audiencia Nacional la desaparición forzada de 114.266 personas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, y "no aplicar a sabiendas" la Ley de Amnistía de 1977 en su instrucción.
Sin embargo, el movimiento considera "irrelevante que la investigación del juez Garzón "infringiera o no" la legislación nacional ya que precisamente, ha añadido, la Ley de Amnistía supone un "incumplimiento" de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional.
