Por poner este enlace a El País, de donde extraigo el artículo, con el ACTA, mi proveedor de Internet me podría cerrar el blog de inmediato. El día 26 de enero de 2012 lo firmaron los de “La Unión Europea”, la mayor parte de ellos esbirros del Gobierno del Nuevo Orden Mundial, quienes han firmado este documento que fue redactado deprisa y corriendo para imponernos un acelerado proceso de censura totalitaria en Internet.
Lo tendrá que ratificar el Parlamento Europeo en Junio del 2012 antes de que se convierta en LEY.
Pero ya tenemos a Google enviando notas informativas a los usuarios de las nuevas normas que serán efectivas a partir de Marzo del 2o12 que incluyen el hecho de que Google podrá trazar la localización de cualquier usuario o tener acceso a sus datos. De hecho, esas nuevas normas están fuera de la ley y suponen un abuso flagrante a los derechos de los usuarios.
En la medida en que la gente se informe de este enorme peligro y haga presión sobre los miembros del Parlamento, se podrá evitar el ACTA. Ganaremos tiempo, lo cual es algo de tremenda importancia en un momento en que la gente, cada día que pasa, se da cuenta de la mascarada democrática en la que estamos viviendo. Eso, a la larga, podría derribar por completo los planes de los globalistas freakies del control.
Como dice Farage, la Unión Europea, ese edificio con alambres de espino y cámaras de vigilancia, debe no menos que DESAPARECER.
Abajo artículo de El País
Kader Arif considera una “mascarada” las maniobras de la derecha para impulsar el tratado
La Unión Europea ha firmado el tratado comercial ACTA, contra la falsificación y para proteger la propiedad intelectual, que debe ratificar el Parlamento Europeo. Pero este proceso no será plácido. El principal ponente del tratado en el Parlamento, el eurodiputado Kader Arif, ha presentado su dimisión como tal. Considera que el proceso es una “mascarada”.
En un comunicado, Arif explica que debe denunciar el proceso que ha conducido a la firma del acuerdo “sin participación de la sociedad civil, con falta de transparencia dese el inicio de las negociaciones, sucesivas firmas del texto sin explicaciones y descartando las reivindicaciones del Parlamento expresadas en muchas resoluciones”.
Como ponente del texto, asegura, ha sido testigo de “maniobras inéditas de la derecha” de este Parlamento· para imponer un calendario acelerado intentado validar el tratado antes de que la opinión pública fuera alertada de su contenido, “privando de hecho al Parlamento de su derecho de expresión y de emplear las herramientas a su disposición para incorporar las reivindicaciones legítimas de los ciudadanos”.
Para Arif, el tratado tiene un impacto en las libertades civiles por las responsabilidades con que carga a los proveedores de acceso a Internet y tiene consecuencias en otros ámbitos como la fabricación de medicamentos genéricos. Se trata, concluye, de una situación inaceptable.
Cuatro comisiones del Parlamento deben proponer sus comentarios en las próximas semanas a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) sobre el contenido del tratado. INTA es la comsión de referencia en el Parlamento en esta cuestión. Arif que pertenece a la misma, debía basarse en estos comentarios para elaborar su propio informe. El trabajo de estas comisiones ha sido acelerado y se espera que el Parlamento debata la ratificación del tratado en junio.
Ayer, la 22 países de la Unión Europea, entre ellos España, lo firmaron. En Polonia ya se han producido movilizaciones en contra de que su país respalde este acuerdo comercial que intenta combatir la falsificación y la vulneración de la propiedad intelectual. Los contrarios a su redactado, que inicialmente fue negociado en secreto por varios países, entre ellos Estados Unidos y Japón, consideran que su ambiguo articulado permite la implantación de medidas que obliguen a los proveedores de acceso a Internet a actuar de policías de los contenidos y que se instauren prácticas de bloqueo sin intervención judicial. La UE manifestó ayer que las leyes que se deriven del citado tratado siempre observarán la obligación de una intervención judicial en la UE.
