La CIDH desclasificará documentos de su informe sobre la dictadura
http://www.analisisdigital.com.ar/ 29/11/2011
Por iniciativa del juez federal Sergio Torres, que investiga los delitos reunidos en la megacausa ESMA (Escuela Superior de Mecánica de la Armada), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cederá documentos del informe elaborado a partir de su visita a la Argentina en 1979. Se trata de una medida inédita en este organismo de la OEA (Organización de los Estados Americanos) que durante años recibió y rechazó pedidos de acceso a los documentos, tanto de jueces argentinos como del resto de la región. Una misión a Washington encabezada por Torres terminó de habilitar la desclasificación de documentos, y durante la estadía digitalizó sólo una parte de las 65 cajas de archivos con informes ligados al centro clandestino de los marinos. Los documentos servirán como prueba para reforzar tramos de la megacausa, pero en las cajas hay además archivos de valor histórico. La documentación está guardada en el juzgado, reservada, aunque a disposición de las partes. La discusión ahora hacia el interior de la OEA es si se trata de una excepción o es un antecedente para otros países de la región.
Torres decidió pedir los documentos por dos razones: para ampliar la base de pruebas de las víctimas ya identificadas y, además, para buscar nombres de víctimas hasta ahora no identificadas.
Antes de iniciar el viaje, el juzgado mandó un listado con las algo más de 900 víctimas que pasaron por la ex ESMA, con nombres de los acusados. La CIDH hizo una primera clasificación de archivos que arrojó más de 200 coincidencias, según consignó Página 12.
En Washington, el juzgado encontró 65 cajas con unos cien legajos cada una. De la primera clasificación, hecha en una semana, entendieron que de las 65 cajas, unas 55 tienen legajos de las víctimas, una parte de las cuales sigue “reservadas” porque los denunciantes le pidieron a la CIDH mantenerla en esos términos. Y 10 cajas son documentos cuyo valor no sólo es judicial sino histórico porque, entre otros elementos, guardarían las entrevistas que mantuvieron los seis funcionarios del organismo.
En los documentos se encuentran entrevistas con jerarcas de la dictadura como Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Albano Harguindeguy o Adolfo Gabrielli, entonces presidente de la Corte Suprema. También con Luciano Benjamín Menéndez y ex presidentes, como Héctor Cámpora o Arturo Frondizi.
A su vez, se reproducen conversaciones con miembros de la Iglesia Católica, integrantes de organismos de derechos humanos, asociaciones empresarias y gremiales. Del mismo modo hay encuentros con asociaciones de “víctimas del terrorismo”, que se acercaban a hacer lobby a favor del país del “somos derechos y humanos”.
El modo en el que usará la información y su circulación de momento está limitada a los que intervienen en el juicio: fiscales, defensores y querellas. Desde el juzgado subrayan su carácter reservado y secreto dado el futuro que puede tener esta decisión en el marco de la OEA parece sujeta a las lides diplomáticas.
La visita de la Comisión
En la historia de la ESMA, el paso de la comisión marcó un antes y un después distinguible en su edificio. Mientras los marinos se preparaban para la visita, trasladaron a los detenidos a la isla El Silencio, del Tigre, propiedad de la Iglesia Católica, actividad operativa que estuvo a cargo del represor Ricardo Cavallo. En el edificio tapiaron una de las puertas de acceso y modificaron la planta principal.
La comisión recibía denuncias desde 1975, pero después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 éstas se convirtieron en avalanchas de reclamos. Sus integrantes empezaron a expresarle al gobierno argentino su “preocupación por el número cada vez más grande de denuncias y por las informaciones de distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos y libertades fundamentales”, como recordaron Emilio Mignone y Agusto Conte en la introducción de lo que años después iba a ser el Informe Prohibido, informe de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Argentina.
“Como las respuestas de la dictadura fueron insuficientes –cuando contestaba– o carentes de verosimilitud sugirieron el envío de una misión.” El 18 de diciembre de 1978 la dictadura aceptó la inspección, pero como consecuencia de las presiones y esfuerzos dilatorios terminó realizándose un año más tarde: entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979.
La visita se boicoteó internamente con la campaña “destinada a desprestigiar al organismo presentando su actuación como intromisión en asuntos internos”, recuerda ese libro. Algo que puede verse en las páginas de los diarios de la época, que reproducen solicitadas de empresas y títulos con la lógica del boicot.
La comisión aprobó el informe el 11 de abril de 1980, pero el ingreso de ese documento al país estuvo prohibido. Mignone y Conte lo explicaron en la edición que se logró hacer en 1984: “Pese a su interés e importancia es prácticamente desconocido en nuestro país. Cuando apareció, los diarios y revistas argentinas –por sugerencia del gobierno militar– se limitaron a transcribir sus conclusiones seguidas de una refutación elaborada por el régimen (...). Las organizaciones de derechos humanos no encontraron entonces una sola imprenta dispuesta a correr el riesgo de imprimirlo”.
Unos 500 ejemplares lograron ser traídos desde Washington y se reprodujeron clandestinamente.
Esas copias se entregaron en mano a jueces, obispos, periodistas y personalidades relevantes. Obviamente, también entre las organizaciones de derechos humanos y familiares, que fueron quienes costearon la precaria y clandestina edición. En 1980, el Informe Prohibido tiene la estructura y la potencia de lo que años más tarde sería el Nunca Más. Dejó constancia de los desaparecidos, de los centros clandestinos, de los mecanismos de secuestros y torturas.
http://archivologo.blogcindario.com/2011/11/03443-cidh-desclasifican-archivos-de-la-dict
