Entrevista con el padre Marco Arana, sacerdote católico de la
región de Cajamarca, donde opera la Minera Yanacocha. "La zona es ahora
más pobre de lo que era antes de que llegara la minera. La gente se ha
visto defraudada y maltratada. Los cajamarquinos se sienten engañados y
ofendidos. Alos campesinos que se han opuesto a la mina se les ha
llamado “borrachos manipulados” y “enemigos del desarrollo”."
“Por nuestras tierras discurren ahora tres clases de aguas, según su
pureza. Las tratadas después de haber sido utilizadas para lixiviar el
oro con cianuro son denominadas de ‘Clase III’, lo que quiere decir que
no deberían ser usadas para beber. Pero los campesinos las beben: ellos
no distinguen clases de agua. Antes de que viniera la mina, la bebían
directamente de los arroyos, tomándola con el sombrero”. “Desde que
abrió las puertas a la Minera Yanacocha, el Estado peruano no está
garantizando adecuadamente el derecho a la salud, a un medio ambiente
saludable y el acceso al agua a las poblaciones aledañas a los tajos”.
Por afirmar cosas como ésta, el padre Marco Arana, sacerdote católico de
la región de Cajamarca, donde opera la Minera Yanacocha, vive amenazado
de muerte.
–¿No tiene miedo?
–No. Y aunque lo tuviera, ¿qué se supone que debería hacer?
Desde luego, no callar. Su defensa de los derechos humanos y ambientales
de los cajamarquinos frente a los abusos cometidos por la minera le
lleva acarreando problemas desde hace quince años. Los primeros los tuvo
con la jerarquía de la Iglesia católica, que decidió enviarle a Roma
por una temporada “para hacerle reflexionar”. El padre Marco, una vez en
Roma, se fue a reflexionar a la basílica de Santa María la Mayor, cuyo
techo está decorado con el primer oro que los españoles se llevaron del
Perú. Concretamente, ese oro procede de la región de Cajamarca. El Padre
Marco miraba aquel techo y pensaba en sus paisanos, en los nuevos
expoliadores, en la maldición que ha sido para Cajamarca el hecho tener
las entrañas entreveradas de metales preciosos.
Desde que en 1993 comenzó a operar la Minera Yanacocha (sociedad
participada por la Newmont Mining Corporation, una minera local y una
corporación financiera del Banco Mundial), la vida de los habitantes de
la zona se ha trastornado por completo. Los campesinos han visto
drásticamente reducida la disponibilidad de agua para sus cultivos,
cuando no han quedado privados de ella en absoluto; buena parte de la
que les llega está envenenada con cianuro del que se usa para extraer el
oro, o con metales pesados que acaban por verterse a los cauces o los
acuíferos subterráneos; a muchos les han arrebatado sus tierras a cambio
de pagos irrisorios, pues la empresa se aprovechó de la ignorancia y la
buena fe de las gentes para realizar compras abusivas; están sufriendo
serios daños en su salud, la de sus animales y la de las plantas; y ven
cada día cómo se degrada la fisonomía del paisaje, formado antes por
hermosas montañas, lagunas y quebradas y hoy por enormes cráteres
pelados salpicados de aguas ácidas, canchas de lixiviación cubiertas de
un mar de plásticos negros sobre los que se levantan impresionantes
zigurats escalonados, a base de terrazas de tierra cianurada.
Escombreras, vertederos, tuberías.
La mina fue en principio bien recibida: significaba la llegada de
inversiones privadas con promesas de desarrollo y expectativas de
trabajo. Sin embargo, quince años después aquellas promesas no se han
cumplido. La zona es ahora más pobre de lo que era antes de que llegara
la minera. La gente se ha visto defraudada y maltratada. Los
cajamarquinos se sienten engañados y ofendidos. A los campesinos que se
han opuesto a la mina se les ha llamado “borrachos manipulados” y
“enemigos del desarrollo”. Se les ha criminalizado y reprimido con
palizas, amenazas y encarcelamientos. Y son ya seis los líderes
asesinados.
Yanacocha es la segunda empresa minera más grande del mundo (su socio
mayoritario, Newmont, es la primera empresa del sector) y su tajo en
Cajamarca es el más importante de América Latina. Se ubica en el extremo
noroeste del Perú, a casi 5.000 m de altura, en las cumbres andinas, y a
48 km al norte de la capital de la región. Se trata de una explotación a
cielo abierto para la extracción de oro por lixiviación con cianuro que
ocupa unas 26.000 hectáreas. Todas las cifras relacionadas con este
establecimiento minero son exorbitantes: extensión que ocupa, volumen de
oro obtenido (más de dos millones y medio de onzas anuales), cantidad
de tierra removida (600.000 toneladas diarias), volumen de agua empleada
(17 millones de metros cúbicos al año), inversión realizada (casi dos
mil millones de dólares en estos quince años), volumen de ingresos
obtenido (más de mil seiscientos millones de dólares en el año 2006)…
Pero hay dos cifras que destacan: las referidas a la tierra y al agua.
Remover 600.000 toneladas de roca cada día significa hacer desaparecer
una montaña en pocas semanas. Utilizar 17 millones de metros cúbicos de
agua al año significa consumir más del doble de lo que supone el
abastecimiento a la ciudad de Cajamarca, de 150.000 habitantes, y casi
el triple de lo que anualmente utilizan los campesinos de la región.
Más allá de la cantidad de agua usada, sin embargo, el impacto más grave es el de la contaminación que causa en fuentes y ríos.
Yanacocha ha alterado radicalmente y para siempre el paisaje andino, y
ha acabado con las fuentes naturales de agua de las montañas donde se ha
instalado. Porque esas fuentes manaban de las montañas, y las montañas
ya no están: las ha desmontado Yanacocha.
Esta clase de minería suele instalarse en la cabecera de las cuencas, su
zona más vulnerable y frágil. Si se rompe la cabecera, los ríos y
canales se deterioran gravemente y en muchos casos se secan. El Río
Grande, que abastece a la ciudad de Cajamarca, ya no nace sino que lo
nacen: donde antes había un manantial, hoy hay un racimo de tuberías
negras que escupen por sus negras bocas 200 litros de agua por segundo,
bombeados del acuífero, para hacer como que el río sigue vivo.
También se bombea el agua para abastecer los antiguos canales de riego
que hoy han quedado secos: Quishuar (333 familias), Encajón-Collotán (70
familias), Yanacocha-Llagamarca (43 familias), San Martín-Túpac Amaru
(465 familias), Quilish-Porcón (143 familias). En total, miles de
personas que dependen ahora de que la minera mantenga esos bombeos para
poder regar sus campos, atender a sus animales y… sobrevivir. Unos
bombeos que se empezaron a hacer sólo tras fuertes protestas de los
afectados.
La minera precisa importantes cantidades de agua para realizar una de
sus operaciones fundamentales: la lixiviación con cianuro. En las
montañas cajamarquinas el oro no sale en vetas, sino que está mezclado
con la tierra. De cada tonelada de tierra se obtiene un exiguo gramo de
oro. Por eso hay que arrancarla, desmenuzarla, extenderla en grandes
terrazas de más de 40 m de espesor y regarla abundantemente con una
mezcla de agua y cianuro para que el metal se separe de la tierra y se
cuele, junto con el agua cianurada, hacia unos grandes depósitos de los
que pasará a las plantas de tratamiento, donde se filtrará y precipitará
para obtener el oro puro.
Esas grandes terrazas o “canchas” de lixiviación, tienen el suelo
impermeabilizado con grandes piezas de material plástico, a fin de
evitar que el cianuro se filtre al suelo y a los acuíferos. Sin embargo,
esto no siempre se consigue del todo: se han detectado fugas y derrames
con ocasión de fuertes lluvias que hacen rebosar las zonas
impermeabilizadas, se han reportado rupturas de esos plásticos por el
propio peso del material que se deposita sobre ellos o por la acción de
las máquinas que realizan el trabajo…
Yanacocha tiene en Cajamarca cinco minas a cielo abierto, tres plantas
de tratamiento del oro y cuatro canchas de lixiviación, entre ellas la
más grande del mundo: la de La Quinua, con más de 3.000 hectáreas
impermeabilizadas. La minera afirma (y con ella, todos los medios de
comunicación e instancias oficiales) que dispone de la más avanzada
tecnología, y que no contamina ni daña al medio ambiente; que el agua
cianurada opera en circuito cerrado y que tras la lixiviación es tratada
y depurada, para volverse a usar de nuevo.
Pero hay evidencias que oponer a estas afirmaciones: varios análisis de
las aguas han confirmado la presencia en ellas de cianuro y de metales
pesados; en los últimos años han ocurrido varios episodios de mortandad
masiva de peces; los campesinos denuncian que a los animales se les cae
el pelo; desde que la minera comenzó a operar se han disparado en las
comunidades aledañas los casos de enfermedades respiratorias y diarreas
agudas, así como las dermatitis, conjuntivitis y otro tipo de dolencias…
Por los canales de riego a los que se bombea agua tratada, se ven
discurrir aguas rojizas que imprimen en las paredes del canal una
visible huella de ese mismo color. El mismo, también, que muestran las
aguas del río Shillamayo, que nace junto a la mina y cuya visión encoge
el alma.
Este es el legado que dejará Yanacocha en el Perú. Porque cuando agote
sus derechos concesionales, probablemente para el 2018, recogerá sus
máquinas, cerrará sus plantas y se irá. ¿Quién bombeará entonces el agua
a los canales y al Río Grande? ¿Quién restituirá las montañas
desaparecidas, los suelos degradados, la Naturaleza envenenada? ¿Quién
asumirá la responsabilidad de los problemas de salud que ya aquejan a la
población circundante y que se agravarán en el futuro? ¿Qué se hará con
los ríos sin nacederos? ¿Quién mantendrá y garantizará que no haya
fugas, desbordes o roturas en las balsas y lagunas ácidas cargadas de
metales pesados, sometidas a la degradación del tiempo, las tormentas y
el elevado riesgo de seísmos?¿Quién atenderá, en suma, unos problemas
cuya existencia, a día de hoy, sencillamente se niega?
Los campesinos se sienten desamparados, no encuentran quien les
defienda. Los más pobres son también los más desvalidos a la hora de
hacer respetar sus derechos o exigir justicia. De ellos no se están
ocupando ni las autoridades ni el Estado, que para los cajamarquinos son
lo mismo que la empresa minera.
En Perú hay una ley sobre la minería, promulgada durante el gobierno de
Fujimori (a comienzos de los años 90), hecha para favorecer la expansión
de este tipo de empresas, llegadas principalmente de Estados Unidos.
Pero no hay ley de aguas ni Ministerio de Medio Ambiente. La minería
goza de grandes ventajas jurídicas y tributarias, aporta un canon que
supone a las empresas en torno a un 1% de sus ingresos y el gasto que se
dedica a mitigar o reponer los daños ambientales es en verdad
irrelevante. Las actividades mineras generan el 45% de las divisas por
exportaciones pero sólo el 4% de los ingresos fiscales al Estado y el 1%
del empleo.
Poco después de iniciar su actividad, el gerente de Minera Yanacocha,
Leonard Harris, declaró: “Nunca hemos tenido este tipo de entusiasmo y
ayuda de un gobierno. No podríamos haberlo hecho tan rápido en los
Estados Unidos”.
Los astronómicos beneficios que cada año reporta la Newmont en sus
balances están costando muy caros al Perú y al bienestar y el futuro de
los cajamarquinos. Y estamos hablando de extraer oro, un metal cuyo uso
es principalmente suntuario (sólo un 10% se destina a la industria,
mientras que a la joyería se destina más del 80%). Hay que ser
conscientes de que estamos ocasionando gravísimos daños a la vida para
exclusivo beneficio de una empresa y por el simple gusto de lucir joyas.
Celendin Libre
http://celendinlibre.wordpress.com
