El ministro de Economía de Bulgaria, Traicho Traikov, ha anunciado hoy que mañana el Consejo de Ministros suspenderá el proceso de ratificación del ACTA. Bulgaria fue uno de países que firmó el ACTAen Japón pero también es verdad que fue uno de los primeros en reaccionar ante las multitudinarias protestas de los usuarios que en la calle y en la red han manifestado su desconcierto por la firma de un tratado que Amnistía Internacional ha calificado de amenaza que promoverá la violación de los Derechos Humanos.
Consultado sobre si Bulgaria se retiraría del ACTA en conjunto y para siempre, el ministro no ha sido tan elocuente, probablemente por no tener muy claras las consecuencias (ni las posibilidades) de hacerlo, como han reconocido otros gobernantes, incluido el (ex) primer ministro de Rumanía, que todavía se pregunta por las razones y consecuencias para su país de haber firmado un tratado del que nada sabe. Sí, el lobby (verdadero o falso) siempre se trabaja a los segundones. El Presidente se entera por la prensa o el ruido que llega contra su gobierno en la calle o en la red.
Traicho Traikov, el ministro búlgaro, a lo más que ha llegado a barruntar es que debe será en el seno de la Unión Europea donde se produzca un consenso sobre el asunto. Una manera de descargar responsabilidades presentes y futuras en la decisión que vaya a tomar el Parlamento Europeo.
Hasta entonces a barajar. Pero es aquí donde no pocos eurodiputados búlgaros del Partido Popular Europeo, único partido que defiende el ACTA, ya van contando por ahí que su voto a favor del tratado no se repetirá. Como le pasó a Barroso (en las Azores) se sienten engañados…
El gobierno holandés, como el alemán, no firmó el ACTA en Japón y ahora está escuchando a gente como el profesor Bernt Hugenholtz, director del Instituto de Derecho de la Información, para no esperar a la Comisión Europea y modificar el obsoleto concepto legal del copyright, que amenaza el futuro, la prosperidad, la creatividad y la libertad de expresión e información.
Bernt Hugenholtz explica a la opinión pública (y a los políticos) lo obvio, por ejemplo que “muchos de los videos que encontramos (en YouTube) son montajes creativos de material protegido por copyright. La mayoría de ellos ha sido creado como sátira o comentario político, o son simplemente absurdos. Si aplicamos la ley estrictamente, no estaríamos autorizados para hacer esas cosas.”
Hugenholtz explica que las leyes de derechos de autor son obsoletas porque las excepciones que permite para el uso de contenido protegido no tienen en cuenta las nuevas tecnologías. Esto también afecta a docentes universitarios como él mismo, quienes pueden usar material protegido en sus clases pero están corriendo riesgos si intentan mostrar el mismo material a través de tecnologías digitales como las pizarras electrónicas.
La libertad es una buena cosa (…) Todos estamos de acuerdo en que es buena para la creatividad, buena para el humor y nadie tiene por qué verse afectado. Los propietarios de los derechos de autor no sufren ningún daño, de modo que resulta lógico autorizarlo. Pero en Europa, donde no tenemos normas abiertas como la doctrina del uso legítimo (fair use) en los EE.UU., no podemos hacer lo mismo sin estar violando la ley.
Hugenholtz, profesor de Derecho en la Universidad de Ámsterdam, conversó sobre su posición el pasado viernes con representantes políticos holandeses y europeos, de la industria del espectáculo, empresarios de internet, expertos legales, periodistas y libreros. Éstos se reunieron en La Haya para laconferencia organizada por el gobierno holandés y que tenía por titulo “Hacia un copyright flexible”.
En la conferencia, el ministro de Justicia holandés Fred Teeven, confirmó que está explorando la posibilidad de “un sistema más flexible de excepciones para el sistema de derechos de autor que podría funcionar también en un contexto europeo.” La sugerencia de Teeven de que el gobierno de Holanda flexibilizaría unilateralmente sus reglas claramente molestó a uno de sus invitados: el jefe del equipo de la Comisión Europea encargado de confeccionar una nueva directiva con el fin de armonizar las leyes de copyright dentro de la Unión.
Pero la misma idea fue recibida con gran satisfacción por la combativa Marietje Schaake, siempre en la vanguardia de la defensa de la red. La eurodiputada liberal holandesa, aunque su partido (D66) está en la oposición en Holanda y no hay que confundirlo con los liberales (de derechas) del propio ministro Teeven y la ambigua comisaria Kroes, cree que en Bruselas pesan mucho los intereses de las industrias del espectáculo y las editoras que se benefician de estas leyes obsoletas.
Esos grandes empresarios harán todo lo que puedan para prevenir una reforma o cualquier tipo de modificación
¿Hasta dónde puede llegar un lobby que se siente acorralado?
Widney Brown, director jefe de asuntos jurídicos en Amnistía Internacional, ha llamado a la Unión Europea a rechazar el ACTA ya que la implementación del acuerdo puede abrir una caja de Pandora de potenciales violaciones de los derechos humanos.
Para Amnistía Internacional, el contenido del acuerdo, su proceso y estructura institucional impactarán negativamente en los derechos humanos, especialmente en el derecho a un juicio justo, la privacidad, la libertad de información, la libertad de expresión y el acceso a medicinas esenciales.
El gabinete jurídico de la organización advierte que el acuerdo hace uso de una terminología “vaga y carente de sentido” y que llega a inventar conceptos que actualmente no tienen definición alguna en el derecho internacional, lo que considera de una gran gravedad.
Amnistía Internacional cree que el trabajo de los autores debe ser compensado, pero la protección de la propiedad intelectual nunca debe producirse a costa de los derechos humanos fundamentales. Según el análisis del tratado que hacen los juristas de la organización no hay la menor duda que “ACTA obligará a los ISP a aplicar medidas represivas frente a sus clientes, con el fin de impedir infracciones”. Entre esas medidas, además de bloqueos y eliminación de contenidos, la ONG advierte de la suspensión de servicios sin que exista una orden judicial.
Amnistía Internacional denuncia una vez más que el ACTA facilitará una forma de presión a las empresas de comunicación independientes que pueden ser amenazadas con sanciones penales con la excusa de que obtienen “beneficios económicos indirectos” de las infracciones de copyright en sí, o si se concluye que “han sido cómplices” de las mismas.
Esto podría actuar como freno de la libre expresión y el acceso a la información
Amnistía Internacional confía en que el ACTA sea rechazado por los representantes políticos de la Unión Europea ya que nos encontramos ante un tratado que por su amplio alcance, la vaguedad del texto y su tendencia a dar más importancia a los requerimientos legales privados, que al debido proceso es todauna amenaza para los Derechos Humanos.
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